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El desalojo de quilombolas para construir una base espacial en 1980 lleva a Brasil a la Corte IDH
Es la primera vez que el tribunal analiza un caso que afecta a estas comunidades, integradas en su mayoría por descendientes de personas esclavizadas.
La Corte IDH empezó a juzgar si Brasil violó los derechos de humanos de las comunidades quilombolas que desalojó hace décadas de sus tierras ancestrales, en el estado nordestino de Maranhao, para construir la base espacial de Alcántara.
Es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza un caso que afecta a esta comunidades, integradas en su mayoría por descendientes de personas negras esclavizadas, históricamente marginadas y víctimas del racismo estructural en Brasil.
Audiencia Pública Caso Comunidades Quilombolas de Alcantara Vs. Brasil Parte II https://t.co/AihqpJD4yv
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) April 27, 2023
'Agrovillas' concebidas por los militares
Todo se remonta a 1980, cuando la dictadura militar brasileña declaró la "utilidad pública" de 52.000 hectáreas del territorio habitado en Alcântara, y desalojó a 32 comunidades quilombolas, que fueron reubicadas sin miramientos en varias "agrovillas" concebidas por los personal castrense. Otras comunidades permanecieron, pero continúan amenazadas por los planes de expansión de la base.
El 1983 se inauguró el Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), ideado para desarrollar un programa espacial nacional. Se trata de un lugar privilegiado, una península cerca de la línea del Ecuador ideal para el lanzamiento de cohetes y de satélites, porque ahorra mucho combustible.
"Nos dieron títulos de tierra miserables"
En una sesión desde Santiago de Chile, los jueces escucharon el miércoles a dos presuntas víctimas y a un testigo propuesto por el Estado. Maria Luzia Diniz, de 68 años, fue una de las personas desalojadas y reubicados a la fuerza en la agrovilla Marudá.
"Fue muy difícil aceptar ser trasladados a otro lugar. No estábamos de acuerdo en nada y no era satisfactorio para nadie. Era triste ver a la gente llorando y desesperada sin saber hacia dónde iba, pasamos hambre, nos dieron títulos [de tierra] miserables, porque teníamos un patrimonio muy rico y, de repente, lo perdimos todo", dijo.
Desde entonces, los quilombolas iniciaron décadas de lucha por los derechos de su tierra en Brasil, pero hartos de la falta de respuesta, acudieron en 2001 a tribunales internacionales.
Sin "reasentamiento adecuado"
A principios de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió el caso a la Corte IDH y dijo que el estado Brasil era "responsable".
En su escrito, la CIDH consideró que el Estado no llevó a cabo "un proceso de reasentamiento adecuado, no otorgó una indemnización integral que permitiera a las comunidades participar de los beneficios del proyecto, ni realizó estudios socioambientales para identificar el impacto sobre los derechos de las comunidades quilombolas".
El estado tampoco promovió que las comunidades que permanecieron pudieran usar sus tierras tradicionales, a pesar que hicieron numerosas gestiones para poder contar con títulos de propiedad colectiva.
"Todavía hoy vivimos con sacrificios en ese lugar. Hicieron promesas de que iríamos a un lugar mejor. Nos dieron una casa de mampostería, cuando la recibimos, cuando llovía, teníamos que buscar un lugar para dormir", declaró Diniz.
Brasil "pedirá disculpas"
En en el marco de la audiencia, el gobierno brasileño dijo en un comunicado que "pedirá disculpas a las comunidades quilombolas por las violaciones ocurridas en Alcántara".
En declaraciones a la agencia de noticias española EFE en Santiago, la secretaria ejecutiva del Ministerio de Derechos Humanos y de Ciudadanía (MDHC), Rita Oliveira, dijo que "Brasil ha decidido cambiar su postura sobre este caso y va a reconocer su responsabilidad del desplazamiento territorial de las comunidades quilombolas y por el largo plazo en que estas comunidades no tuvieron acceso a sus territorios y a los títulos de su territorio".
"Es un reconocimiento parcial de responsabilidades para reconocer nuestra falla en el ofrecimiento de mecanismos de protección para esta comunidad y de sus territorios. Y, a partir de eso, estamos tomando varias medidas, a través de políticas públicas, de la titulación progresiva de esos territorios", agregó.
Finalizada la audiencia, las partes tendrán 30 días para presentar alegatos, tras lo cual, en un plazo que suele demorar meses, la Corte IDH emita la sentencia. En teoría, las medidas que decidan los jueces son vinculantes para los países firmantes.
"Lo que la Corte decida, es un compromiso de Brasil aceptar", dijo por su parte el secretario de Asuntos Multilaterales Políticos de la Cancillería, Carlos Bicalho.
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