Bolsonaro declara ante la Policía Federal por ataques en Brasilia: ¿qué puede pasar?

El expresidente ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro declaró durante más de dos horas ante la sede de la Policía Federal (PF) de Brasilia, por presuntamente incitar a sus partidarios radicales a invadir violentamente las sedes de los tres poderes, el pasado 8 de enero.

Según el sitio de noticias G1, el exmandatario dijo que el 11 de enero, tres días después de los ataques, compartió sin querer un video en las redes sociales con informaciones falsas sobre el sistema electrónico de voto. 

El video, que el propio Bolsonaro borró rápidamente, sirvió a los investigadores para acusarle de haber incitado la invasión. El abogado del exmandatario, Paulo Cunha Bueno, dijo a periodistas que ese día el exmandatario acababa de recibir el alta hospitalaria tras tratarse una obstrucción intestinal y que estaba bajo los efectos de la morfina.

Publicar el video "fue un error a la hora de salvar un archivo para posteriormente poder verlo íntegramente", dijo.

El exmandatario salió sin responder. Poco después, el tema de los ataques volvió al Congreso, que creó una comisión de investigación para determinar responsabilidades y en la que Bolsonaro también podría ser citado a declarar.

El polémico exmandatario comenzó a ser investigado a instancias del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, quien la semana pasada ordenó que fuese interrogado por la PF en un plazo de diez días.

"Medida indispensable"

"La declaración de Jair Messias Bolsonaro, en los términos señalados por el Ministerio Público, es una medida indispensable para el completo esclarecimiento de los hechos investigados", escribió el juez.

Bolsonaro es uno de los más de 1.300 denunciados por la Fiscalía, que dividió sus acusaciones en cuatro categorías: los instigadores, los ejecutores, los financiadores y los agentes públicos que con su omisión facilitaron la invasión.

En el caso del excapitán del Ejército, el ente acusador dijo "habría supuestamente incitado la perpetración de crímenes contra el Estado de Derecho" el 8 de enero, una semana después de la asunción de su rival político, Luiz Inácio Lula da Silva, a la presidencia.

Ese día, cientos de partidarios descontentos con el regreso del izquierdista al poder invadieron y destrozaron furiosamente los icónicos edificios del presidencial del Palacio de Planalto, el Congreso y el STF.

Lula, así como muchos políticos y analistas, responsabilizó al exmandatario, que en ese entonces se encontraba en EE.UU., adonde había viajado antes participar en la ceremonia de traspaso de poder.

"Jamás pasó por nuestra cabeza"

Durante años, el excapitán del Ejército se dedicó a sembrar dudas sobre la fiabilidad del sistema electrónico de voto, a arengar a sus partidarios en contra de los jueces del STF y, tras los resultados de las elecciones de octubre, se negó a reconocer su derrota de manera explícita.

Todo ello explica que muchos le acusen por el peor ataque a la democracia en la historia reciente de Brasil. Pero él lo niega.

Antes de su retorno a Brasil, Bolsonaro rebatió las acusaciones durante una entrevista concedida a la cadena Jovem Pan, desde EE.UU., donde permaneció hasta el pasado 30 de marzo.

"Si quisiera dar un golpe, lo hubiera dado mientras era presidente, pero jamás pasó por nuestra cabeza", declaró.

Si es imputado y juzgado, Bolsonaro pasaría a responder por varios delitos, entre ellos de incitación al crimen, que conlleva en caso de condena penas de cárcel. Sea cual sea el desenlace, lo que está claro es que será un proceso largo.

"Al ordenar a la PF que escuche al expresidente, el juez Alexandre de Moraes señaló que es necesario responsabilizar a los autores intelectuales del ataque a la democracia. Y los investigadores ya saben que el golpe tuvo un jefe", escribió en el diario O Globo el periodista Bernardo Mello Franco.

La CPMI "de los actos golpistas"

Pero a la vía judicial se añadió este miércoles la parlamentaria.

El presidente del Congreso, Rodrigo Pacheco, creó formalmente una comisión mixta de investigación de los ataques, formada por legisladores de la Cámara y el Senado para esclarecer los hechos y sus responsables.

Bautizada por la prensa como "CPMI de los Actos Golpistas", la comisión promete semanas de acalorados enfrentamientos entre diputados oficialistas y opositores con sus distintas versiones sobre los hechos.

Al principio, el oficialismo intentó evitar la comisión, con el argumento de que el bolsonarismo intentaría usarla para distorsionar los hechos y que además desviaría la atención de los otros proyectos en trámite en el Congreso.

Pero cambió de actitud después de la publicación de un polémico video en el que se ve al general Marcos Gonçalves Dias,  uno de los hombre de confianza de Lula, circulando entre los invasores el día de los ataques, cuando era jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) de la Presidencia.

El general dimitió de su cargo después de conocidas las imágenes.

Incierto futuro

Para el exmandatario los ataques de Brasilia, que ya han dejado 100 imputados, es uno más de los enredos que tiene en la justicia y que ensombrecen mucho su futuro político y personal.

En el STF, tiene abiertos varios procesos que podrían conllevar penas de cárcel u otras medidas, entre ellos uno que investiga los ataques y noticias falsas sobre a los jueces de la máximo corte. Al perder Bolsonaro su inmunidad tras dejar el cargo, esos procesos podrían pasar a la justicia común, más expedita.

Las lujosas joyas de Arabia Saudita, un regalo que le podría salir caro a Bolsonaro

Además, tiene una quincena de causas en la justicia electoral, entre ellas por difundir noticias falsas sobre las elecciones, con consecuencias imprevisibles para el mandatario, que según él mismo y los expertos, tiene muchas opciones de ser impedido de presentarse a las próximas elecciones.

A principios de abril, ya tuvo que acudir a la PF para declarar por el polémico caso de los tres paquetes de lujosas joyas que la monarquía de Arabia Saudita le regaló durante su mandato a él y a su mujer, uno de los cuales fue incautado al intentarlo entrar ilegalmente en Brasil.

El asunto podría ser encuadrado en un crimen de corrupción.