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¿Por qué los familiares de presos en Ecuador presentaron una demanda contra el Estado?
Según los denunciantes, desde 2019 se han registrado más de 14 masacres carcelarias en el país, en las que perdieron la vida más de 600 personas privadas de libertad.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y familiares de presos asesinados en las cárceles de Ecuador presentaron una demanda en contra del Estado por las masacres ocurridas en las prisiones del país, que han dejado centenares de muertos en los últimos años.
El recurso, una acción de protección, fue presentado ante la Corte Provincial del Guayas el pasado viernes. Con ello, informó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), buscan que "se declare la violación de derechos a las familias víctimas de las masacres carcelarias y exigir verdad, justicia y reparación".
De acuerdo con el CDH, desde 2019 se han registrado más de 14 masacres carcelarias en Ecuador, en las que perdieron la vida más de 600 personas privadas de libertad.
La organización señala que esos hechos han dejado un daño irreversible en los familiares de esas víctimas, "que es el de perder a un ser querido en contextos de violencia y sin respuesta del Estado".
En medio de la crisis carcelaria, añade, "las familias de las personas presas han pasado por escenarios de tratos crueles, inhumanos y degradantes, como cateos íntimos, extorsiones, grandes desembolsos económicos para la manutención de sus parientes en prisión".
Reparación integral
Además del CDH, la demanda de acción de protección fue presentada por el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad.
Los demandantes, que cuentan con el acompañamiento de más de otras 30 organizaciones, piden que haya reparación integral ante los hechos registrados en las prisiones. El objetivo de su recurso es que haya:
- Disculpas públicas por parte del Ejecutivo.
- Implementación de una comisión de la verdad.
- Atención psicológica gratuita y permanente a núcleos familiares víctimas de masacres carcelarias.
- Mesa técnica interinstitucional y multidisciplinaria con decisiones vinculantes que implementen reformas al sistema penitenciario.
- Indemnización económica por daño moral y daño al proyecto de vida causado a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias.
El Observatorio de Prisiones 593, que se dedica al estudio del encarcelamiento en el Ecuador, dijo que se trata de "una demanda sin precedentes contra el Estado ecuatoriano, por la normalización de las muertes en prisión".
Últimos hechos
El último tiroteo mortal se registró el pasado 16 de abril, en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Loja No. 1, ubicado en la ciudad homónima, que dejó un interno muerto.
Previamente hubo una masacre en el CPL Guayas No. 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o 'La Peni', ubicada en la ciudad de Guayaquil, el pasado viernes 14 de abril, que dejó un saldo de 12 reos muertos y tres heridos.
Un día antes, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que tres servidoras del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, identificadas como María Barragán, Bélgica Rentería y Andrea Chiles, fueron asesinadas a disparos en un local de comida ubicado al frente de esa cárcel.
También en esa prisión, el miércoles 12 de abril fueron hallados seis reos muertos. Los cuerpos estaban colgados en sus celdas, en el pabellón 5 de la prisión, que estaría controlado por la banda 'Las Águilas'.
Sistema deteriorado
Desde el Estado han señalado que las masacres se han dado por enfrentamientos entre distintas bandas criminales rivales que se disputan el control interno de las prisiones.
En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe en el que reveló la situación de las personas encarceladas en Ecuador.
La CIDH hizo hincapié en el deterioro del sistema carcelario del país suramericano y reveló que hay una "falta de control efectivo de los centros penitenciarios por parte del Estado". Como consecuencia de esta situación, indicó la comisión, "el control intramuros se ha venido ejerciendo por parte de las propias personas detenidas".
En esa oportunidad, la CIDH definió la situación como "una crisis penitenciaria de carácter estructural" y dijo que entre los factores que la han generado está el "debilitamiento de la institucionalidad".
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