¿Por qué la vivienda se ha convertido en el tema de la precampaña electoral en España?

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el miércoles en el Congreso de los Diputados que financiará 43.000 viviendas destinadas a alquiler social y a precios asequibles.

El anuncio se produjo sorpresivamente al inicio de un Pleno del Congreso de los Diputados destinado a debatir principalmente sobre asuntos de política exterior, pero Sánchez se descolgó al informar de una medida que muchos de los grupos parlamentarios acogieron como un lance de la campaña preelectoral, a las puertas de los comicios municipales y regionales que se celebrarán el próximo 28 de mayo.

Desde hace semanas la vivienda se ha convertido en el centro del debate político del país, avivado con el anuncio del acuerdo para tramitar una ley que regule ese sector y de la construcción de 50.000 casas de carácter social.

Desde el Ejecutivo se afirma que se quiere hacer del acceso a la vivienda digna el quinto pilar del Estado del Bienestar, después de las pensiones, la educación, la sanidad y la dependencia.

Una ley esperada

La ley de vivienda fue uno de los puntos del acuerdo al que llegaron el Partido Socialista y Unidas Podemos (UP) para la formación del primer Gobierno de coalición desde el fin del franquismo.

Además, era un reclamo de los partidos que apoyaron la investidura como presidente de Pedro Sánchez y una de las reivindicaciones que durante años habían esgrimido organizaciones sociales surgidas mayoritariamente al calor del 15M, como el Sindicato de Inquilinos o Stop Desahucios.

La semana pasada, después de largas negociaciones, se anunció un acuerdo entre los dos miembros del Ejecutivo junto a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, que posibilitará que la nueva norma pueda aprobarse antes de que acabe la legislatura a finales de año.

Entre las medidas recogidas se encuentra el límite a la subida de los alquileres al 2 % este año, al 3 % en 2024 y, a partir de entonces, con un índice que siempre será inferior a la inflación.

Además, será el propietario quien se tendrá que hacer cargo en solitario de los honorarios de las inmobiliarias, mientras que el inquilino no podrá abonar gastos como los impuestos de basura o de bienes inmuebles, si no habían sido acordados con anterioridad, para evitar subidas camufladas.

También cambia el concepto de gran tenedor de vivienda, que será quien posea cinco o más inmuebles en una 'zona tensionada' (en la actualidad son diez).

Esas zonas serán aquellas que cumplan uno de estos dos requisitos: que el aumento de precios de las viviendas supere un determinado tope o que el porcentaje dedicado por la población a los gastos de vivienda supere un determinado umbral.

50.000 viviendas de la Sareb

Tan solo unos días después de que se hiciera público ese acuerdo, el pasado domingo Sánchez anunció que se movilizarán 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler a un precio asequible, con el objetivo de alcanzar en unos años que el parque de vivienda pública llegue al 20 % del total.

Así, se pondrán 21.000 viviendas a disposición de municipios y comunidades autónomas, de las que habría ya 9.000 disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habilitación. La Sareb concertará acuerdos de venta con las administraciones públicas para que sean destinadas a alquiler social.

La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño, explicó en sede parlamentaria que ya se han negociado acuerdos con la Comunidad Valenciana para movilizar 500 de estas viviendas, con Galicia para 42, con el Ayuntamiento de Madrid para otras 42 y con municipios del área metropolitana de Barcelona para 80 inmuebles.

Además, se impulsará el alquiler social de 14.000 viviendas que actualmente ya se encuentran habitadas y, según explicó Calviño, desde enero ya hay en marcha un programa de alquiler social y acompañamiento a familias vulnerables que viven en 9.000 de ellas.

La tercera línea de acción será la construcción de 15.000 viviendas en suelo público, propiedad de la Sareb, destinadas a alquiler social. El 60 % estarán concentradas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

43.000 viviendas más

Tan solo cuatro días después, este miércoles, llegó el anuncio de la financiación de 43.000 viviendas a través de 4.000 millones de euros de los fondos europeos destinados a alquiler a precios asequibles.

Estas viviendas serán puestas a disposición de la ciudadanía, tanto a través de la nueva construcción como de actuaciones de rehabilitación. Se habilitará una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la que podrán acceder promotores públicos y privados. El requisito fundamental es que estén destinadas al alquiler social durante al menos 50 años.

El anuncio, sin embargo, no concretó ni cuándo ni dónde van a estar disponibles estos inmuebles ni otras condiciones.

Intereses disparados

A la prohibitiva situación del mercado del alquiler se ha sumado durante el último año el imprevisto aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El conflicto en Ucrania y la crisis energética han producido una elevada inflación en la zona euro, no vista en las últimas décadas, que han llevado al regulador a tomar esta impopular medida.

Así, después de años con un tipo del 0 %, en julio del año pasado llegó la primera subida de medio punto, que fue sucedida de otras seis posteriores, hasta llegar en la actualidad al 3,5 %. Este índice afecta directamente al euribor, al que están ligadas 7 de cada 10 hipotecas en España. De valores negativos que se registraban hasta principios de abril del año pasado, se han llegado a un euribor del 3,8 % tan solo 12 meses después.

Quienes hayan revisado su hipoteca variable en marzo se habrán encontrado con el mayor encarecimiento de los últimos 24 años, con una subida que para las hipotecas medias que el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima en 145.510 euros, de más del 50 %, en total, más de 3.200 euros al año.

Un problema estructural

El porcentaje de vivienda pública de España no alcanza el 3 % del total, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 9 %, con países que se ubican incluso por encima del 20 %, meta que se ha fijado Sánchez para los próximos años.

Paradójicamente, España es el tercer país del bloque comunitario con más viviendas vacías, mientras padece desde hace años una emergencia habitacional que convierte el acceso a un techo digno en uno de los principales problemas nacionales desde hace lustros.

Entre 2014 y 2021, el precio medio de los alquileres ha aumentado un 45 %, mientras que el de compra ha experimentado un alza del 11 %, cifras aún mayores en zonas de grandes núcleos urbanos, como Madrid y Barcelona.

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Según afirmó Sánchez en el Congreso, en España un millón de hogares destina al menos el 50 % de sus ingresos a pagar el alquiler, lo que dificulta su acceso a la compra, puesto que les imposibilita ahorrar para hacer frente a una inicial y los gastos asociados.

Los elevados precios de compra y alquiler son parte de las razones de que en España la edad media de emancipación ronde los 30 años.

Si bien no es el país de la Unión Europea con la edad más alta de emancipación, pues es superado por Portugal o Croacia, sí se encuentra lejos de la media del bloque comunitario, que se sitúa en los 26 años y medio, según los últimos datos de Eurostat referidos a 2021.

Los problemas de acceso a la vivienda se han convertido en una fuente de desigualdad en la sociedad española, que afecta tanto a los jóvenes que se quieren emancipar o formar su propia familia, como a personas de edades más avanzadas, en un contexto de fuerte precariedad laboral, últimamente suavizada por la entrada en vigor de la reforma laboral aprobada el año pasado.

Asimismo, el problema de la vivienda también está detrás de la baja natalidad que registra el país. En 2022, los nacimientos en el país marcaron un nuevo mínimo histórico desde que comenzaron los registros en 1941.

Entre 2017 y 2021, España fue el segundo país con la tasa de natalidad más baja de la UE. Los datos de 2022 dicen que cada mujer en edad fértil tiene 1,19 hijos y que la edad media del primer hijo ya es de 32,6 años, una tardanza que se explica, entre otras cosas, porque la dificultad de acceder a una vivienda y emanciparse hace que se retrasen los proyectos vitales, como el de la maternidad.