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Cientos de ortodoxos rezan en la que podría ser su última misa en el Monasterio de las Cuevas de Kiev
El pasado 10 de marzo, las autoridades ucranianas exigieron a los monjes que abandonaran las instalaciones que han ocupado históricamente.
Cientos de feligreses de la Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Moscú (UPTs, por sus siglas en ruso) han acudido este miércoles a la misa celebrada en el Monasterio de las Cuevas de Kiev, cuyos monjes recibieron la orden de las autoridades de abandonar las instalaciones que han ocupado históricamente. El ultimátum fue dado el pasado 10 de marzo.
"El Monasterio de las Cuevas de Kiev ahora. Cientos de creyentes de la Iglesia ortodoxa ucraniana se han reunido para rezar desde la mañana", informó la UPTs en su canal de Telegram y compartió imágenes del lugar.
El Ministerio de Cultura de Ucrania envió el pasado martes al convento una notificación de rescisión unilateral del contrato de arrendamiento e indicó que el próximo jueves comenzaría a trabajar allí una comisión encargada de recibir "los objetos que están a disposición" del monasterio, recoge RIA Novosti.
En el documento oficial se indica que la decisión se tomó teniendo en cuenta las conclusiones de un grupo de trabajo y una carta del Ministerio de Cultura ucraniano.
El grupo en cuestión fue creado por un decreto del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, que aprobó la decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de prohibir las actividades de "organizaciones religiosas afiliadas a los centros de influencia de la Federación de Rusia".
Los miembros del sínodo de la UPTs, encabezados por el metropolita Onufriy, intentaron reunirse con el mandatario ucraniano para transmitirle la postura de los creyentes y explicar la negativa de los monjes a abandonar el santuario, también conocido como la Lavra, pero este se negó a recibirlos, informa el medio ruso.
Por su parte, el ministro de Cultura de Ucrania, Alexánder Tkachenko, declaró que los frailes podrían permanecer en el monasterio si se unían a la nueva Iglesia Ortodoxa de Ucrania (PTsU, por sus siglas en ruso), no reconocida por el Patriarcado de Moscú, pero activamente promovida por el régimen de Kiev como una rama cismática independiente.
Con el apoyo de las autoridades, la PTsU ha organizado en el último año la mayor oleada de persecución de la UPTs, asaltando y registrando monasterios e iglesias en búsqueda de supuestas actividades antiucranianas, así como atacando a clérigos y creyentes.
Demanda de la UPTs
El 23 de marzo, los representantes de la Lavra interpusieron una demanda ante un tribunal de Ucrania para impugnar los derechos sobre el convento, pero, hasta la fecha, ya son tres los jueces que se han abstenido del proceso.
"Esto demuestra que hay mucha presión, no sé de quién, sobre el derecho a defendernos, sobre el derecho de la ley", dijo el metropolita Pável en un videomensaje dirigido a los feligreses.
"Una vez más, hago un llamamiento a las autoridades para que dejen de presionar a los jueces, para que dejen de presionar a la Lavra, y quiero decir que no cederemos en ningún aspecto relacionado con la fe, resistiremos hasta el amargo final. La ley está de nuestro lado", dijo el alto clérigo.
Violaciones de los derechos de los creyentes en Ucrania
Este miércoles, el Consejo de la Federación de Rusia adoptó una declaración sobre las violaciones de los derechos de los creyentes en Ucrania, en la que pedía a los parlamentos de todo el mundo y a las organizaciones internacionales que exigieran a Kiev que deje de discriminar a los feligreses y de profanar los santuarios religiosos, recoge TASS.
En este contexto, el Senado ruso condenó "la flagrante decisión" del régimen ucraniano de privar a la Iglesia ortodoxa ucraniana de "uno de sus principales santuarios", el Monasterio de las Cuevas de Kiev.
"Esta política de las autoridades ucranianas viola gravemente el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizado por los documentos internacionales fundamentales de la ONU", dice la declaración.
El pasado viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó un informe en el que el organismo destacó su preocupación por la posibilidad de que las actividades del Estado dirigidas contra la UPTs "pudieran ser discriminatorias".
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