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Legisladores de Ecuador presentan la solicitud de juicio político contra Lasso: ¿ahora qué sigue?
La petición del proceso contra el mandatario contó con el respaldo de 59 firmas, 13 más de las 46 necesarias.
Asambleístas de varias bancadas parlamentarias de Ecuador presentaron oficialmente en la Asamblea Nacional un pedido de juicio político en contra del presidente del país suramericano, Guillermo Lasso.
El documento, dirigido al presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, ingresó el jueves con el respaldo de 59 firmas, 13 más de las 46 necesarias. Los proponentes del enjuiciamiento político son los legisladores Viviana Veloz, de la bancada Unión por la Esperanza (UNES); Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano (PSC); Pedro Fajardo, de Izquierda Democrática (ID); y Mireya Pazmiño, en representación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La solicitud fue hecha luego que el pasado 4 de marzo la Asamblea Nacional aprobara, con 104 votos a favor, 18 en contra y tres abstenciones, un informe que recomienda juicio político al mandatario por delitos contra la seguridad del Estado y por la supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión, tras una investigación sobre una presunta trama de corrupción en las empresas públicas.
"Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecúa a lo que dispone el [artículo] 129 numeral 2 [de la Constitución], delitos por concusión y por peculado", dijo Veloz al momento de la entrega del documento el jueves.
El informe aprobado por el pleno del Congreso a principios de marzo no es vinculante, por lo tanto, para poder llevar a cabo el juicio político, según la Constitución de Ecuador, este debe iniciar con una solicitud por escrito de un asambleísta y tener el apoyo de al menos un tercio de la Asamblea (46 firmas), lo que ocurrió el jueves.
El procedimiento
El proceso podría tardar hasta dos meses. Tras la solicitud, hay un plazo máximo de tres días para que el presidente de la Asamblea Nacional la entregue al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para verificar los requisitos.
De acuerdo con el Parlamento, este mismo viernes el CAL tramitará la solicitud. Posteriormente, esa instancia deberá enviar el pedido a la Corte Constitucional (CC) para que esta emita el dictamen previo de admisibilidad, en un lapso máximo de seis días.
En la CC se revisarán varios aspectos: si la solicitud está elaborada según la Constitución y si la infracción imputada y la tipificación jurídica se incluyen como causales de juicio político. A partir de eso se determinará si avanza o no el proceso.
En caso de que la CC emite un dictamen en contra, el caso se archiva; pero si el fallo es de admisibilidad, el presidente de la Asamblea Nacional tiene un plazo de tres días para regresarlo al CAL, el cual deberá enviar el trámite a la Comisión de Fiscalización, instancia que debe decidir si recomienda o no el juicio político.
La comisión tiene un plazo de 30 días para actuar: 10 días para que el presidente ejerza su derecho a la defensa; otros 10 días para la actuación de pruebas y 10 más para la elaboración del informe.
Cuando se tenga ese informe, el titular del Parlamento tendrá la facultad de convocar al pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. En la sesión, el mandatario tiene derecho a su defensa y para aprobar la moción de censura se deberá contar con la mayoría calificada (92 votos).
"Intento de desestabilización"
Luego de la presentación de la solicitud de juicio político el jueves, el Ejecutivo rechazó "de forma categórica" la petición.
"Dicha demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma", dice un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.
Por tales razones, añaden en el texto, "este juicio político no es un acto de fiscalización sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de dos años".
La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia indica que, "ante esas acciones" de los parlamentarios, el Gobierno planea continuar "enfocado en atender las principales preocupaciones de los ecuatorianos".
La investigación
La solicitud de juicio político en contra de Lasso se dio a raíz de la publicación periodística desde enero pasado, por parte del medio digital local La Posta, en la que revelan la existencia de una presunta red de corrupción en las empresas públicas de Ecuador, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
El caso está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que denominó la causa como 'Encuentro', aunque mediáticamente se conoce como 'El Gran Padrino'.
La presunta trama de corrupción operaría principalmente en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); y también se habría extendido a Petroecuador.
Además, según las revelaciones, el Gobierno ecuatoriano tendría una presunta conexión con el narcotráfico, concretamente con la mafia albanesa.
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