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Acampada en terrenos del magnate Joe Lewis en Argentina por el "acceso soberano" al Lago Escondido

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Una agrupación que integra el oficialista Frente de Todos pasó la noche a orillas del espejo de agua. Denunciaron la existencia de un "Estado paralelo" que permite el bloqueo privado de un sitio natural de dominio público.
Acampada en terrenos del magnate Joe Lewis en Argentina por el "acceso soberano" al Lago Escondido

Un grupo de manifestantes y dirigentes sociales liderados por el abogado Juan Grabois ingresó y acampó la noche de este martes en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, frente a Lago Escondido, en la provincia argentina de Río Negro, para reclamar el "acceso soberano" al espejo de agua, que por ley nacional debería ser de acceso público. 

El sitio natural, ubicado en un paradisíaco entorno patagónico, cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche, es motivo de conflicto desde hace casi dos décadas, debido a una puja judicial y política. Por un lado, están quienes reclaman que se abra un sendero al lago y, por el otro, el propio Lewis y actores locales que amparan el bloqueo del lago desde su lujosa propiedad privada.

"La última sentencia de la Justicia de Río Negro obliga al Gobierno provincial a abrir el camino de Tacuifi, de 19.5 km, cerrado por Lewis y con cámaras de vigilancia, y el sendero de montaña. Tenían tres meses: ese plazo se cumplió el 16 de diciembre", señalaron los manifestantes. 

La controversia recobró fuerza hace algunas semanas, cuando la prensa reveló un polémico viaje y estadía de un grupo de jueces y fiscales a la propiedad del millonario británico, todo pagado por el Grupo Clarín, compañía del sector de los medios de comunicación de línea opositora al Gobierno de Alberto Fernández. 

Durante la acampada, que fue desmontada en el mediodía de este miércoles, el Frente Patria Grande y otras agrupaciones que integran el oficialista Frente de Todos (FdT), denunciaron la existencia de "un Estado paralelo" y "solo accesible a los jerarcas del Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios hegemónicos y los políticos serviles al poder real". 

La consigna hace referencia a la filtración de chats que dio a conocer que en octubre pasado una serie de jueces y fiscales, como Julián Daniel Ercolini (quien llevó a juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández por el caso Vialidad) y Carlos Alberto Mahiques (fue ministro de Justicia bonaerense durante el macrismo); funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, administrada por el macrismo, y directivos del Grupo Clarín, participaron de una reunión en la propiedad de Lewis.  

Desde el Frente Patria Grande denunciaron que los manifestantes que pasaron la noche en el lugar recibieron amenazas verbales de personas encapuchadas, y hasta allí llegaron personas a caballo y con perros escoltados por la Policía de Río Negro. También les bloquearon el terreno para "impedir la salida de un grupo que debía abandonar el lugar por razones de fuerza mayor". 

"El objetivo de la permanencia de la delegación en el lago es que los gobernantes nacionales, provinciales y locales se comprometan a cumplir con el fallo judicial que obliga a abrir el camino público al lago para que deje de ser la sede del 'Estado paralelo'", sostiene la formación política en un comunicado

Y agrega: "Las (islas) Malvinas son argentinas y el Lago Escondido, también". 

La Justicia de Bariloche le ordenó este año a la provincia de Río Negro que, en un plazo de tres meses, garantice a la población el tránsito por un camino de acceso al Lago Escondido, lindante con la propiedad de Lewis.

Sin embargo, el Gobierno provincial de Arabela Carreras decidió apelar ese fallo ante el superior Tribunal de Justicia de Río Negro. La Justicia de Bariloche ratificó de esta forma un fallo de 2013 que ordenaba habilitar ese sendero cordillerano, en una causa que se inició 17 años atrás.

Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2.340), mientras que la Constitución de la provincia de Río Negro "asegura" el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

En abril pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad de Lewis, por considerarla una "pantalla jurídica" para "frenar la aspiración" de cualquier persona a acceder a Lago Escondido.

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