El 'plan B' de Pedro Sánchez en España tras el choque entre el Constitucional y el Parlamento

Los socios del Gobierno de España, Partido Socialista y Unidas Podemos, se están planteando presentar una proposición de ley en el Congreso para aprobar la reforma del Poder Judicial que el Tribunal Constitucional (TC) paralizó este lunes.

Así lo ha deslizado este miércoles el presidente español, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la que ha señalado que la democracia española es "imperfecta" y "necesita reformas", en contraste con su pasada defensa de un sistema democrático "consolidado".

Sánchez ha sostenido que el problema de España se encuentra en el principal partido de la oposición, el Partido Popular (PP), que "no reconoce el resultado electoral", en referencia a su negativa a cumplir la Constitución y pactar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, que debe responder a las actuales mayorías parlamentarias.

"Lo que ha sucedido ha sido una interferencia de otro poder en el legislativo y tendrán que ser los grupos los que decidan cuál es la solución a esta interferencia", ha dicho el presidente.

Choque institucional

El pasado lunes, por primera vez en la historia de la democracia española, el Tribunal Constitucional paralizó la tramitación de dos enmiendas en el Senado. Lo hizo estimando el recurso de amparo presentado por el PP y decretando la medida cautelar que solicitaba, argumentando que se habían tramitado de una manera no adecuada.

Las enmiendas pretendían reformar varios aspectos del Poder Judicial para desbloquear su situación. La medida de mayor calado modificaba el método de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que tienen que ser renovados por parte de los vocales del CGPJ al haber vencido su mandato hace seis meses.

Nuevo intento de nombramientos

Este martes se produjo la primera reunión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de proceder al nombramiento de los dos vocales del TC que les corresponden. El intento fue infructuoso. Los vocales progresistas, siete, votaron a favor de su candidato, mientras que los vocales conservadores, diez, votaron a favor de sus dos propuestas, por lo que ninguno de los candidatos consiguió la mayoría reforzada de 11 votos que se requería.

Esta situación lleva prolongándose desde el pasado mes de junio, por el bloqueo del sector conservador, nombrado por el PP. Para desbloquearla, la iniciativa tumbada por el Constitucional eliminaba esa mayoría cualificada y la sustituía por un sistema en el que se elegiría a los dos candidatos que obtuviesen más votos.

Este nuevo modelo aseguraba la elección de un miembro progresista y otro conservador, algo a lo que se niegan los vocales conservadores, que son mayoría debido a que el propio CGPJ también se encuentra sin renovar y con su mandato constitucional caducado desde hace cuatro años, ante la negativa del PP de negociar sus sustitutos, que deben contar con el respaldo de tres quintas partes del Parlamento.

Nuevo intento

La intervención del Tribunal Constitucional ha impedido la aprobación de la reforma por un defecto de tramitación, por lo que ahora se baraja volver a llevarla a las Cortes por otro cauce.

Decisión inédita en España: el Constitucional 'amordaza' al Parlamento sobre su propia reforma

El primero en hacerlo fue el grupo minoritario progresista Más País, que el mismo lunes anunció que había registrado en el Congreso una proposición de ley con el mismo texto que las dos enmiendas vetadas.

Ahora son los grupos que sustentan el Gobierno los que están barajando presentar una proposición de ley en este sentido. Durante las últimas jornadas han estado negociando con el resto de grupos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y tienen la mayoría asegurada para que la nueva legislación salga adelante.

Bruselas da un toque de atención

Desde Bruselas se han observado todos estos movimientos con preocupación. Fuentes comunitarias han dejado ver que su postura es la de respaldo a la decisión de Tribunal Constitucional, que no ha examinado el fondo de la reforma sino las formas, y defiende que reformas de ese calado no deben hacerse de manera exprés.

Desde la UE se lleva años clamando contra el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que debía haber sido renovado en diciembre de 2018, según mandata la Constitución Española de 1978, y que ha estado bloqueada por intereses partidistas del Partido Popular.

Bruselas lleva tiempo apostando por una reforma del sistema judicial español que despolitice sus principales órganos. La Constitución dictamina que el Parlamento debe elegir a parte de los vocales del CGPJ, aunque tras varias reformas legislativas en la actualidad los elige a todos. Además, el Ejecutivo está facultado para elegir a la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional.

El objetivo de los legisladores de la Constitución es que el Poder Judicial también emanara del pueblo español y que lo hiciera a través de sus representantes electos en el Congreso y en el Senado. Sin embargo, la práctica ha llevado a una politización creciente de las más altas instancias judiciales y, según se denuncia desde estamentos también judiciales, a desfavorecer el mérito y la excelencia jurídica en favor de lealtades en puestos que pueden ser clave a la hora de, por ejemplo, juzgar casos de corrupción de partidos políticos o dar el visto bueno a leyes progresistas o conservadoras.

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