Demandan a los promotores del paro en Bolivia por agresiones a trabajadores de la salud

Tres de los principales impulsores del paro en Bolivia han sido denunciados por el Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, en el departamento de Santa Cruz, debido a las constantes agresiones físicas y verbales sufridas por médicos, enfermeras, técnicos, paramédicos, entre otros funcionarios del ámbito sanitario.

Los demandados son el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar.

"Interponemos la presente Acción de Libertad, de conformidad con los artículos 125 y 126 de la Constitución Política del Estado", reza el recurso interpuesto por el personal sanitario.

Hace más de 30 días, Camacho, Calvo y Cuellar han sido figuras claves para promover un paro indefinido, que ha tenido su epicentro en Santa Cruz, para exigir que la celebración del censo poblacional –previsto para 2024– se realice un año antes. 

La huelga, sin embargo, se ha tornado violenta, por lo que a través del mecanismo, los denunciantes buscan que se respete la integridad física de los trabajadores de la salud y se garantice su libre circulación. 

Al 22 de noviembre, el Sindicato contabilizaba al menos 15 casos de agresiones en contra de empleados de la salud, reportó el representante de la asociación, Ulises Guzmán.

El líder de los trabajadores, lamentó que el gobierno de Santa Cruz no asuma ninguna medida que asegure la seguridad ni la libre circulación del personal sanitario. En ese sentido, ejemplificó que no se ha permitido el tránsito de ambulancias.

"No sé qué están esperando, ¿quizás que alguien de nuestro sector muera para que recién reaccionen y nos den las garantías?", reprochó el delegado. 

La medida fue aceptada por autoridades de la esfera penal, que ya notificaron a los demandados de la acción en su contra. 

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¿Qué es la Acción de Libertad?

El artículo 126 de la Constitución boliviana establece que cualquier persona que considere que su vida está en peligro, que es perseguida, que está siendo juzgada indebidamente o que se encuentra privada de su libertad, puede presentar un recurso judicial ante un juez o tribunal penal, llamado Acción de Libertad. 

Una vez convocado el mecanismo, las autoridades deberán proveer garantías de seguridad a la víctima, asegurar el cese inmediato de la persecución en su contra, restablecer los procesos judiciales considerados injustos y restituir la libertad de la persona, según determinen las circunstancias de cada caso.

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