Por qué las excavaciones en un vertedero de Colombia devuelven la fe a familias de desaparecidos

Siete años después de que la Justicia colombiana determinara que no había cuerpos en un vertedero de escombros del barrio popular Comuna 13, en Medellín, organizaciones de víctimas y organismos judiciales comenzarán de nuevo la búsqueda de restos de desaparecidos en el contexto del conflicto armado, entre 2001 y 2004, que habrían sido llevados a esa zona. 

Estas acciones son lideradas y coordinadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), mecanismo surgido a raíz de los Acuerdos de Paz en Colombia y por la Alcaldía de Medellín.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) decretó en 2020 medidas de protección en el sector La Escombrera, con el objetivo de que pudieran hacerse las excavaciones forenses, ya que se presumía la presencia "de cuerpos inhumados de víctimas de desaparición forzada".

"Nunca más se detendrá la búsqueda"

Desde el 8 de noviembre comenzaron las acciones de búsqueda de restos óseos, en unas tareas que se extenderán hasta el 25 de este mes. El 10 de noviembre se hizo una audiencia con la JEP para explicar las particularidades del caso.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, calificó este proceso como "histórico" y aseveró que "nunca más se detendrá la búsqueda". "Hasta encontrarlas y encontrarlos a todos", agregó.

En 2015, la Fiscalía informó que en el lugar solo había encontrado "restos óseos que no son compatibles con la especie humana", además accesorios, prendas de vestir y un documento. Este veredicto causó desazón y revictimización de las madres y familiares de desaparecidos que han impulsado la búsqueda en ese vertedero por más de una década.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), en el departamento de Antioquia, celebró la decisión de permitir otra vez las excavaciones, y recordó que hay "mujeres buscadoras" que "dignificarán a los suyos y honrarán su memoria", si logran dar con los restos de sus familiares.

Para la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín, el Estado colombiano tiene "una deuda histórica con las víctimas de las operaciones militares en la Comuna 13".

"Hoy, después de 20 años resistiendo y exigiendo la verdad, acompañamos la búsqueda en La Escombrera de las personas dadas por desaparecidas", dice el trino, que también hace referencia a la Operación Orión, un amplio operativo de los cuerpos de seguridad estatales que se ejecutó en 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que dejó por lo menos 300 desaparecidos y 1.250 personas desplazadas en esa comuna.

¿Qué ocurrirá en 'La Escombrera'?

En La Escombrera se reunieron organizaciones y familiares de víctimas de desapariciones forzadas con los magistrados de la JEP que llevan el caso, justo antes de empezar el proceso de excavaciones.

El organismo de Justicia transicional considera que en la zona hay 459 víctimas de desaparición, luego de recibir información de la Alcaldía, la Fiscalía y Medicina Legal. De esta cifra, 91 de los casos ocurrieron en el segundo semestre de 2002.

En las acciones de búsqueda participan más de 50 familiares de desaparecidos que son acompañadas por la Corporación Jurídica Libertad, la organización Mujeres Caminando por la Verdad, la Fundación Santa Laura Montoya y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, recoge la UBPD.

"La JEP retoma hoy la tarea de excavar las montañas de La Escombrera a fin de buscar los cuerpos de quienes, arrancados injustamente de sus días, sometidos y humillados, fueron enterrados como semilla de incertidumbre y sufrimiento", expresó el magistrado Gustavo Salazar durante la audiencia llevada a cabo el 10 de noviembre.

En su opinión, la desaparición forzada "ha sido un crimen masivo en Colombia, en Antioquia y Medellín", pero "especialmente" en la Comuna 13, donde "fue sistemática y generalizada entre 2001 y 2004".

La Alcaldía explicó en varios trinos que en esta fase le corresponde aportar personal, equipos, maquinaria para remoción de tierra y logística. Además, llevará a cabo el acompañamiento psicosocial de los familiares de las víctimas para contribuir en las acciones de reparación.

Posteriormente, el gobierno local tendrá que hacer un estudio geotécnico para determinar las propiedades del terreno, con el propósito de "validar o ajustar la propuesta de intervención técnico forense".

Los testimonios

Alejandra Balvin, vocera de las Mujeres Caminando por la Verdad e hija de una fallecida madre buscadora, dice que para ella la reapertura de La Escombrera "significa una esperanza", porque "las víctimas siempre debieron estar en el centro".

"Hoy con estas semillas queremos traer a la memoria a esas mujeres buscadoras que no nos acompañan en cuerpo presente, pero que su lucha vive en cada una de nosotras", dijo Balvin durante la audiencia que participó la JEP.

En el acto, Margarita, madre de una víctima de desaparición forzada, interpretó la canción 'Clamando Justicia'.

"Cuánto dolor

siento al saber

de nuestros seres desaparecidos,

sin saber nada de ellos

en las escombreras sepultados".

Por su parte, Adriana Arboleda, representante de la ONG Corporación Jurídica Libertad, se refirió a la necesidad que tiene de "confiar en una Justicia distinta, que no sea la impunidad", según un tuit de la UBPD.

Durante su participación, Arboleda citó las palabras un exjefe paramilitar del Bloque Cacique Nutibara, que al hablar de los homicidios cometidos por ese grupo armado desmovilizado durante la administración de Uribe, detalló: "Los sacábamos, los matábamos y los enterrábamos. Al principio, los dos o tres primeros que se mataban se dejaban en la calle para que la gente sintiera la presencia de las autodefensas", publicó la JEP.

Según Arboleda, en las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 la mayoría de las víctimas fueron "hombres jóvenes que en muchos casos fueron previamente estigmatizados, señalados, detenidos o judicializados".

¿Qué viene después?

La magistrada Gloria Amparo Rodríguez, de la comisión territorial y ambiental de la JEP, ordenó que la Gobernación de Antioquia "vele efectivamente por los intereses de las comunidades" afectadas.

También pidió que Medicina Legal presente en 60 días un plan estratégico e integral "para dar celeridad al proceso de identificación", y que la información obtenida se contraste con el Macrocaso 08, relativo a los crímenes cometidos por la Fuerza Pública y otros agentes del Estado, que contiene en subcaso de Antioquia. 

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