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La Fiscalía mexicana confirma que García Luna no podrá acceder a su expediente de investigación
El exsecretario de Seguridad Pública de México solicitó tener acceso a su carpeta desde agosto de 2021.
Un Tribunal federal negó por segunda ocasión el acceso al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a la carpeta de investigación en su contra, informó Milenio.
La defensa busca demostrar que varios bienes inmuebles confiscados en la Ciudad de México por las autoridades fueron adquiridos lícitamente por el exfuncionario.
Los abogados del político solicitaron un permiso a la Fiscalía General de la República (FGR) para ver el expediente desde agosto de 2021, pero la petición fue rechazada.
Tras la negativa, la defensa interpuso un recurso de amparo, una disposición legal para revertir la decisión jurídica, exigiendo que se le permita al político tener acceso a la carpeta. Sin embargo, la medida fue rechazada por segunda ocasión este año, ya que la Fiscalía encontró irregularidades en la solicitud presentada.
"Esta autoridad, por el momento, no tiene la certeza de que efectivamente Genaro García Luna haya podido ser visitado en el lugar en el que se encuentra recluido por alguna persona para recabar su firma en escritos a su nombre", indicó la jueza a cargo del caso.
García Luna se encuentra detenido en EE.UU. desde diciembre de 2019, bajo los cargos de conspiración, tráfico de drogas y falsedad de declaraciones en favor del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín 'El Chapo' Guzmán.
De acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU., ninguna persona detenida en las cárceles federales podía recibir visitas durante la pandemia del covid-19, por lo que la jueza mexicana declaró infundado el recurso alegando que bajo esas condiciones habría sido imposible que la defensa consiguiera una petición firmada por García Luna.
El exfuncionario, que ejerció como secretario de 2006 a 2012, es acusado por la Fiscalía de haber acumulado ingresos por más de 27 millones de pesos en actividades que no corresponden a sus labores como servidor público, así como de haber adquirido cinco bienes inmuebles y un vehículo con recursos de procedencia ilícita.
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