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El plan de 'paz total' de Petro avanza en Colombia: comisiones del Congreso aprueban una prórroga clave en primera discusión

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La iniciativa, que prioriza negociaciones con el ELN, todavía debe enfrentar un largo proceso parlamentario.
El plan de 'paz total' de Petro avanza en Colombia: comisiones del Congreso aprueban una prórroga clave en primera discusión

Las Comisiones Primeras del Senado y de la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el primer debate del proyecto de ley enviado por el Gobierno y que permitiría iniciar negociaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con miras a alcanzar la "paz total" en el país, una de las principales promesas del presidente Gustavo Petro.

Los grupos de trabajo del Congreso sesionaron el lunes para debatir las modificaciones a la Ley del Orden Público, mejor conocida como Ley 418. Una vez aprobada la iniciativa, la pasaron para su discusión ante el pleno del Senado.

La intención es que la "paz total" quede establecida como política de Estado para que futuros gobiernos no puedan cambiar los acuerdos que se firmen. La modificación de la Ley 148 es clave para ese objetivo porque, si finalmente se aprueba, le dará a Petro una prórroga de cuatro años y plenos poderes para convocar a diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los grupos organizados al margen de la ley.

El proyecto amplía el rango de aplicación de la ley a los grupos armados organizados y criminales de alto impacto; incorpora herramientas para someterlos a la justicia; permite la participación de civiles en acercamientos y extiende el beneficio de suspensión de las órdenes de captura contra miembros de estas organizaciones al permitir su concentración territorial temporal durante los procesos de diálogo y negociación.

También finaliza las Zonas Estratégicas de Intervención Integral que fueron creadas por el expresidente Iván Duque; retoma y modifica las funciones del Gabinete de Paz; permite la creación de las regiones de paz y la designación de sus comisionados; habilita organizaciones humanitarias bajo el mando de la presidencia para sostener contacto con los grupos armados y crea el servicio social para la paz.

Durante esta primera sesión, senadores y diputados modificaron la iniciativa para incluir un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que operará durante un año y se incentivará a partir de la promesa de anonimato, la ausencia de responsabilidad penal por el porte o tráfico de armas y aportes económicos para quienes cuenten con permiso para la tenencia.

El cortafuegos de la oposición

Pese a que tuvo luz verde en comisiones, parte de la oposición ha dejado claras las líneas rojas sobre posibles negociaciones que establezca el Gobierno con actores del conflicto armado, especialmente con las disidencias de las FARC.

"La preocupación más importante para nosotros es que no pueda ser susceptible de negociación, ni de diálogo, ni de sometimiento a la justicia ninguna de las disidencias de las Farc, porque, yo quiero ser muy clara, ellos ya tuvieron su oportunidad", dijo Valencia, del conservador Centro Democrático.

Del lado del Gobierno, el ministro de Interior, Alfonso Prada, ha aclarado que el proyecto aprobado estipula una diferencia entre los procesos de diálogo entre grupos con estatus políticos, como la guerrilla del ELN, y otros como las disidencias de las FARC o las diferentes organizaciones paramilitares que, de momento, deberán acogerse a la justicia ordinaria.

"Se identifica cuál es el camino que hay que transitar para que, unido a las negociaciones de carácter político, este acogimiento de carácter judicial nos llevará a la paz social y la protección de la vida de los colombianos", afirmó Prada.

La aprobación de estas modificaciones ocurre en un momento clave para los diálogos entre el Gobierno de Petro y el ELN, que ya oficializaron su voluntad de sentarse nuevamente a negociar el mes que viene.

Hasta ahora no parece que habrá mayores oposiciones a ese proceso, que podría arrancar a mediados de noviembre con la hoja de ruta interrumpida en 2019, cuando la anterior administración de Iván Duque cesó unilateralmente los diálogos por el atentado que perpetró la organización guerrillera contra una escuela de cadetes en Bogotá.

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