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Qué hay detrás del anuncio de Colombia sobre la compra de 16.000 toneladas de urea a Venezuela

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Más que una transacción comercial, se trata de un gesto político y estratégico que pone en el tapete la renovada relación binacional y el peso de Monómeros para ambos países.
Qué hay detrás del anuncio de Colombia sobre la compra de 16.000 toneladas de urea a Venezuela

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, anunció este viernes que su país recibirá en las próximas horas un buque con un total de 16.000 toneladas de urea provenientes del vecino país. 

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del diplomático, quien adelantó que el buque atracaría en el puerto de Barranquilla con el cargamento, con un dato no menor: "Nos cobran a 600 dólares la tonelada. En el mercado, la tonelada está entre 730 y 930 dólares", precisó Benedetti.

Más allá del ahorro que alude el Gobierno colombiano, el anuncio de la adquisición tiene un trasfondo más importante: un paso definitivo hacia la normalización comercial entre ambos Gobiernos y un claro mensaje sobre la gestión de uno de los activos estratégicos de Venezuela.

La cuestión Monómeros

La urea es el fertilizante nitrogenado de mayor uso en el mundo, debido a su alto contenido de nitrógeno, que favorece el crecimiento de las plantas. Es ideal para la producción de rubros como arroz, maíz, sorgo, papa, frutales y hortalizas.

El anuncio de Colombia de hacer la compra a Venezuela ocurre en medio de la polémica por la empresa Monómeros, ubicada en Barranquilla, que hasta hace pocos años facilitaba más de la mitad de toda la urea necesaria para la producción de alimentos en ese país. 

Sin embargo, desde 2019, el anterior Gobierno de Iván Duque puso a Monómeros en manos de Juan Guaidó, un exdiputado que se autoproclamó en una plaza como "presidente interino" de Venezuela, despojando a Caracas de una empresa clave para el suministro de fertilizantes en Colombia. Y lo que parecía una jugada meramente política, se transformó en un desastre.

Ese despojo no solo fue ineficaz en la estrategia de forzar al cambio de régimen en Venezuela, sino que significó un golpe al campo colombiano –que ahora paga el triple por los fertilizantes– y un caldo de cultivo para poner a Monómeros al borde de la quiebra. El descalabro de la administración de Guaidó fue tal que la compañía tuvo que ser intervenida.

Con la llegada de Petro al poder, en agosto pasado, el mandatario prometió devolver la empresa a sus legítimos dueños y recomponer las relaciones con Venezuela, en momentos en que suben los precios de alimentos a nivel mundial y se complica el acceso a los fertilizantes, especialmente por el conflicto en Ucrania.

En ese contexto, Venezuela ha dado un paso adelante anunciando que está lista para la venta de fertilizantes en la región. "En urea ya tenemos no solamente abastecimiento (nacional), sino ya también tenemos capacidad para la exportación", detalló en agosto pasado el vicepresidente Sectorial de Economía y ministro del Poder Popular de Petróleo, Tareck El Aissami.

La concreción de la compra de urea por parte de Colombia no solo reafirma la voluntad de normalizar las relaciones comerciales con su vecino, sino que es un paso pequeño pero importante para la economía venezolana, castigada durante años por las sanciones de EE.UU.

El anuncio se oficializa la misma semana en que el presidente de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven), Pedro Techellea, visitó la sede de Monómeros en Barranquilla para inspeccionar el estado de la empresa. Tras un recorrido por las instalaciones, el funcionario prometió devolver el prestigio a la firma y denunció que el objetivo de sus anteriores gestores había sido llevarla a la quiebra.

Por lo pronto, las autoridades venezolanas han solicitado a Interpol la detención y captura de 23 personas, nombradas por Guaidó al frente de Monómeros, por haber usurpado las funciones, mientras sigue vigente una exención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. que, de momento, le permite operar hasta el 2023 al margen de las medidas coercitivas unilaterales contra Caracas.

Aunque todavía faltan pasos administrativos para que la empresa vuelva a estar operativamente a manos del Gobierno de Maduro, la administración de Petro no está dispuesta a esperar mucho más para abastecerse de fertilizantes, ya que no está en capacidad de producirlos. 

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