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La Justicia argentina ordena al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cesar el operativo policial en la casa de Cristina Kirchner

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La zona, que se encuentra vallada y con fuerte presencia policial, es escenario de manifestaciones diarias en apoyo a la vicepresidenta.
La Justicia argentina ordena al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cesar el operativo policial en la casa de Cristina Kirchner

La Justicia de Argentina ordenó este lunes al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, poner fin al operativo policial que montó el Gobierno porteño alrededor del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta, informó la agencia Télam

Allí, desde la semana pasada, cientos de militantes se manifiestan diariamente en apoyo a la líder del peronismo, quien enfrenta una causa judicial por presunta corrupción que incluye un pedido de 12 años de prisión por parte de los fiscales.  

El juez Roberto Gallardo, con jurisdicción en el ámbito de la capital argentina, encomendó a Larreta que "cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia" del domicilio de la exmandataria, dado que eso corresponde a la seguridad federal, informaron fuentes judiciales. 

La medida responde a una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados a la alianza oficialista Frente de Todos, ya que consideran que con el bloqueo de las calles aledañas a la casa de Cristina Fernández se busca "sitiar" a la dirigente.  

Desde el pasado sábado, la zona se encuentra vallada y con fuerte presencia policial por decisión del Gobierno de la Ciudad, que administra la fuerza opositora Juntos por el Cambio. En ese marco, se produjeron el sábado episodios de represión policial contra los militantes que acudieron a apoyar a su líder.

El despliegue irritó a los manifestantes que desde hace días se congregan en el lugar en defensa de la funcionaria, acusada en la llamada causa 'Vialidad' de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años, por un monto de 1.000 millones de dólares.

Tanto la vicepresidenta como el presidente Alberto Fernández y todo el peronismo, han denunciado que la causa judicial forma parte del 'lawfare' (guerra jurídica) contra la exmandataria, a quien consideran una perseguida política. 

Además, responsabilizan por ello al macrismo y otras fuerzas de derecha, en alianza con lo que llaman el "partido judicial", que conformarían varios jueces y fiscales opositores, junto con los medios de comunicación hegemónicos. 

En la misma jornada, el Gobierno nacional de Argentina decidió ampliar la custodia a la vicepresidenta, informó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desde su cuenta de Twitter.

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