La Contraloría de Chile da cinco días a Boric para responder a la acusación de "intervencionismo electoral" en el plebiscito de la nueva Constitución
El presidente chileno, Gabriel Boric, tiene cinco días para responder a un requerimiento de la Contraloría de ese país sobre los asuntos que se trataron en la reunión que sostuvo con miembros del Partido Socialista, donde según la oposición faltó al principio de probidad.
El organismo público envió la solicitud a la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Giorgio Jackson, para pedir información detallada sobre el encuentro del pasado viernes entre el mandatario y la directiva del Partido Socialista, recoge La Tercera, luego de que se hiciera viral el video de un diputado de esa bancada que afirmaba que el tema de discusión era la aprobación de la nueva Constitución.
Previamente, varios congresistas pertenecientes a partidos derechistas fueron a la sede de la Contraloría a pedir que se le abriera al Gobierno un proceso de fiscalización del principio de probidad, que consiste "en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular", según la Ley 20.880.
Quienes realizaron la petición a través de un documento fueron los diputados Hotuiti Rangi Teao Drago, Juan Francisco Undurraga Gazitúa y Jorge Guzmán Zepeda, que señalaron a Boric de realizar "intervencionismo electoral".
diputado Hotuiti Teao, junto a parlamentarios de la bancada Evopoli, concurren a Contraloría denunciando “intervencionismo electoral” del gobierno en favor del apruebo. Lo anterior, tras denuncias que avalan la utilización de dependencias de La Moneda para favorecer al Apruebo pic.twitter.com/K0sfd2o7tT
— 𝗥𝗮𝘀𝘁𝗿𝗼.𝗰𝗼𝗺 (@Rastrocom) July 11, 2022
La solicitud de los derechistas surge luego de la publicación de video en la cuenta de Twitter del diputado Leonardo Soto, del Partido Socialista, que posteriormente fue borrado. En el registro, el congresista se grabó en el interior del Palacio de la Moneda, sede del Gobierno, cerca del despacho de Boric, y dijo que tenían una "reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y coordinación la opción del apruebo".
Acá está la desfachatez máxima!! @ContraloritoCGR irá a decir algo ahora? pic.twitter.com/9uvZntNWLJ
— Sole (@la_toletole) July 9, 2022
Los comentarios de rechazo no se hicieron esperar debido a que según la normativa vigente en el país, el presidente, como funcionario público, no puede realizar actividades de carácter político, ni proselitismo o propaganda, a favor de una opción o la otra.
A modo de descargo, Soto reconoció en un trino que "hubo un error" de su parte al publicar el clip en la sede del Ejecutivo. "Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al Gobierno", argumentó.
Sobre el post anterior de la reunión en La Moneda, debo reconocer que hubo un error de mi parte. Fue solo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla en un video con el plebiscito, error q en ningún caso se puede adjudicar al Gobierno.
— Leo Soto diputado (@LeoSotoChile) July 9, 2022
Posteriormente, la secretaria de Estado, Camila Vallejo, afirmó que el Gobierno está "respetando todo lo que ha señalado la Contraloría" y que está cumpliendo con su deber, según ADN Radio.
Del mismo modo, dijo que al Ejecutivo "le corresponde informar y poner a disposición" el texto completo "para que la gente pueda ir fijando posiciones de cara al plebiscito del 4 de septiembre".
"El diputado reconoció un error en lo que subió, porque eso no es parte de las conversaciones y no es lo que corresponde tampoco como Gobierno", agregó Vallejo.
El pasado 4 de julio, el mandatario recibió el borrador de la nueva Carta Magna y convocó formalmente al plebiscito del 4 de septiembre, donde los chilenos deberán decidir si aprueban o no el proyecto que pretende sustituir al documento fundamental que rige en el país y que es un legado de la dictadura del fallecido Augusto Pinochet.