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La Justicia francesa propone una mediación en la causa contra la cadena Casino, acusada de vender carne de zonas deforestadas de la Amazonía

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En marzo de 2021, una coalición de ONGs demandó al grupo por "violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de las leyes ambientales".
La Justicia francesa propone una mediación en la causa contra la cadena Casino, acusada de vender carne de zonas deforestadas de la Amazonía

La Justicia francesa propuso una mediación con la cadena de supermercados Casino, que ha sido acusada por una coalición de organizaciones de comercializar con carne procedente de la desforestación y de acaparamiento de tierras en la Amazonía brasileña y colombiana.

Según explicó a la salida del juzgado Sébastien Mabile uno de los abogados de la coalición, integrada por 11 organizaciones, la gestión propuesta tiene de plazo hasta finales de julio. Con esta medida se intentará lograr un acuerdo y evitar un juicio, pero de no conseguirse la causa irá a los tribunales. 

Mabile recordó que tanto en Brasil como en Colombia hay supermercados de las filiales de Casino donde se encuentra carne de res fruto de la deforestación de la Amazonía. La filial del grupo en el gigante latinoamericano es Pao de Açucar, mientras que en Colombia es via Exito.

En marzo de 2021, la coalición, que representa a los pueblos indígenas, interpuso ante la Justicia francesa una denuncia contra el gigante minorista en la que alegó "violaciones sistemáticas de los derechos humanos y las leyes ambientales".

A través de un comunicado, Envol Vert, una de las organizaciones de la coalición, explica que el grupo Casino compra regularmente carne vacuna de tres mataderos propiedad de la compañía brasileña JBS, la mayor procesadora de carne del mundo.

"Los tres mataderos se abastecieron de ganado de 592 proveedores responsables de al menos 50.000 hectáreas de deforestación entre 2008 y 2020. El área deforestada es equivalente a cinco veces el tamaño de París", indica la ONG, que añade que "las operaciones de Casino en América del Sur representan casi la mitad (un 47 %) de los ingresos globales del grupo".

Las ONGs recuerdan que la ley en Francia exige que las empresas con sede en este país y con más de 5.000 trabajadores deben tomar "medidas adecuadas y efectivas para prevenir violaciones graves de derechos humanos y ambientales en todas sus cadenas de suministro".

"Si no lo hacen, pueden ser consideradas responsables y condenadas a pagar compensaciones por daños y perjuicios", matizan.

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