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Entra en vigor la ley española que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas de interrupción del embarazo
La nueva normativa considera penas de privación de libertad de entre tres meses y un año, y protege tanto a las pacientes como a los profesionales de estos centros sanitarios.
Este jueves entra en vigor la ley que penaliza el acoso ante las clínicas abortivas en España. Se trata de una modificación del Código Penal que sanciona con penas de prisión de entre tres meses y un año, o con trabajos en beneficio a la comunidad de entre 31 y 80 días, a quienes obstaculicen el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
De este modo, la nueva legislación penaliza el acoso a las mujeres y la intimidación que se venía produciendo en los accesos a las clínicas de aborto.
Basada en la normativa francesa, que considera este acoso como un tipo penal específico, la propuesta se debatió en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre. Ha contado con el apoyo de todo el arco parlamentario con la excepción de la ultraderecha de Vox y los conservadores del Partido Popular (PP).
La normativa, aprobada con 154 votos a favor y 105 en contra, entra en vigor este jueves con la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado. El texto recoge la sanción de los "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben" la libertad de las mujeres y que sean realizados "para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".
Asimismo, recoge las mismas sanciones a quienes acosen a los trabajadores sanitarios, personal facultativo o directores de estos centros médicos. Además, no será necesario la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
"Es imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", indica el texto.
Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), que es nombrado en el preámbulo de esta forma, recoge que un 89 % de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66 % amenazadas: "Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo", señala.
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