Escándalo en España: acusaciones cruzadas de corrupción y de espionaje ilegal en el seno del principal partido de la oposición

La guerra soterrada que mantenían Pablo Casado, líder del Partido Popular (PP), principal partido de la oposición en España, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hacerse con el poder de la formación política ha estallado en las últimas horas.

Las acusaciones son cruzadas. Por un lado, desde Génova, la sede nacional, tienen sospechas e, incluso, certezas, según algunas fuentes han confesado a diversos medios, de que en Madrid se otorgaron contratos a dedo en lo más crudo de la pandemia, que incluyeron comisiones para el hermano de Díaz Ayuso. Por otra parte, desde la Puerta del Sol, la sede regional, se acusa al partido de espionaje ilegal a un miembro de la misma formación.

Díaz Ayuso ha afirmado que la dirección de su partido intenta destruirla e, inmediatamente, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, le ha respondido informando de que se le ha abierto un expediente disciplinario por los "ataques, infundios y calumnias" vertidos hoy y ha acusado a la presidenta madrileña de desplegar una cortina de humo para blindarse de las sospechas sobre su hermano.

Mascarillas a 6 euros y una presunta mordida

En el centro de esta polémica se encuentra un contrato adjudicado en abril de 2020 para la adquisición de mascarillas por valor de 1,5 millones de euros. La dirección nacional ha admitido que investiga desde octubre si el Gobierno regional realizó esta adjudicación de manera irregular a un conocido, amigo de la infancia de la presidenta madrileña y de su hermano, con el que coincidían todos los veranos en el municipio de Sotillo de la Adrada, en la provincia de Ávila.

La empresa beneficiada se llama Priviet Sportive S.L., dedicada al negocio textil y ganadero. En abril entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3, a un coste de 6,05 euros cada una.

Además, en las últimas horas ha trascendido que la dirección nacional del PP habría intentado contratar los servicios de una firma de detectives privados para hacerse con documentación relativa al hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, del que afirman que tienen constancia de que cobró una comisión de 280.000 euros por mediar en el contrato sanitario.

Esta investigación irregular se habría llevado a cabo desde el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, José Luis Martínez-Almeida, también es portavoz nacional del Partido Popular. Al parecer, el encargo habría estado liderado por Ángel Carromero, perteneciente al entorno de Pablo Casado y que se dio a conocer a nivel internacional hace 10 años cuando tuvo un accidente de tráfico en Cuba en el que murieron dos opositores. Fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio imprudente.

Precisamente la de Carromero ha sido la primera cabeza que ha rodado. A media tarde se ha conocido la noticia de que ha dimitido de su cargo de director de la Coordinación de la Alcaldía de Madrid.

Por su parte, Génova ha negado el supuesto espionaje ilegal. Martínez-Almeida ha sostenido este jueves que no hay constancia de que se haya producido, después de que fuese negado por Carromero y por el detective con el que presuntamente se había reunido.

Isabel Díaz Ayuso ha comparecido este mediodía y ha sido especialmente dura con la dirección nacional de su propio partido: "Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí". Y ha añadido: "Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga mi partido porque quiero presentarme al congreso del PP de Madrid es insensato", ha sostenido dando por buenas las informaciones sobre el espionaje ilegal. 

Lucha por el poder en Madrid

Detrás de este "rocambolesco" episodio, como lo ha calificado el también popular presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, se encuentra la descarnada lucha por el poder de la formación en Madrid.

Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero no preside el Partido Popular de este territorio, aunque lleva tiempo reclamando su liderazgo regional. Desde Génova se han mostrado enormemente reticentes a que Díaz Ayuso dirija al PP madrileño, puesto que se teme que su figura esté eclipsando al líder nacional, Pablo Casado, que preside el PP desde 2018 tras haber ganado unas primarias.

Los encontronazos públicos entre Díaz Ayuso y Casado han sido frecuentes durante los últimos dos años, en los que la madrileña no ha dudado en seguir líneas disidentes a las marcadas por la dirección de su partido.

Los dos adversarios fueron apadrinados por Esperanza Aguirre, quien también fuera presidenta de la Comunidad de Madrid (2003-2012). Díaz Ayuso, además, fue la apuesta personal de Casado para representar a su partido en Madrid, cuando todavía era una total desconocida para la ciudadanía.

Desde Génova se cree que esta polémica ha sido alimentada por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de Gabinete de la mandataria madrileña, y señalan que habría filtrado las sospechas sobre espionaje ilegal para forzar la realización del congreso regional, que Díaz Ayuso ha pedido insistentemente que se adelante.

Esta teoría ha sido respaldada por el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que en rueda de prensa ha asegurado que la presión para adelantar el congreso madrileño está detrás de la difusión de las acusaciones y ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario contra Díaz Ayuso por hacer acusaciones "gravísimas, casi delictivas".

Según García Egea, se informó del caso el 20 de octubre a Díaz Ayuso y se inició una investigación interna de buenas prácticas, emplazando a la presidenta madrileña a que aportara más información. Sin embargo, esa nueva información no llegó nunca.

Además, ha desmentido que su partido haya elaborado ningún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso y que lo único que ha recibido la dirección de su partido "es una campaña masiva de ataques, infundios y calumnias como las que se han vertido hoy mismo". En su opinión, han sido unos "ataques injustos" e "intolerantes" que han ido acompañados de la "exigencia de que esta dirección adelantara la fecha del congreso" y que no puede aceptar "que nadie utilice las siglas" del PP para "blindarse ante problemas".

Llueve sobre mojado

Este episodio suena conocido para la ciudadanía española, a quienes les recuerda lo sucedido con Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018, además de presidenta del partido a nivel regional. Su dimisión se precipitó después de informaciones periodísticas que señalaban que habría conseguido un titulo universitario de manera irregular, como posteriormente quedó acreditado por la Justicia.

Pero lo que forzó su renuncia fue que, justo en esas circunstancias, se filtrara a los medios un video en el que se veía a Cifuentes robando unas cremas faciales en un supermercado. Siempre se ha sospechado que esa filtración correspondió a fuego amigo por las luchas internas.

Por otra parte, actualmente se encuentra en los tribunales el caso Kitchen, en el que se juzga si el Partido Popular utilizó fondos públicos para espiar ilegalmente a un miembro de su partido, Luis Bárcenas. En este contexto, Bárcenas sufrió sustracciones de documentos e incluso el secuestro de su mujer e hijo por un falso cura.

Las primeras reacciones

Cristina Cifuentes, en una entrevista radiofónica, ha afirmado que el supuesto espionaje es "tremendamente disparatado", que es "perjudicial" tanto para la dirección del Partido Popular como para la propia Díaz Ayuso y que esta polémica solo beneficia al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. "Tengo la sensación de vivir el día de la marmota", ha espetado también.

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El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados que se trata de tres presuntos hechos que "no se pueden pasar por alto": un contrato a dedo, comisiones recibidas por el hermano de la presidenta madrileña y espionaje. "¿Si Génova tenía indicios de la posibilidad de contratos ilegales a dedo, por qué no lo puso en conocimiento de la Justicia en lugar de contratar detectives?", se ha preguntado.

La secretaria general y portavoz adjunta del grupo del partido de ultraderecha Vox en el Congreso, Macarena Olona, califica de "gravísimas" las informaciones. "Como ciudadana, asisto sorprendida, espantada y horrorizada a las informaciones", ha dicho la representante de un partido que apoya la presidencia de Díaz Ayuso en Madrid.

El presidente del Gobierno de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, del PP, por su parte, ha pedido explicaciones: "La noticia tiene un contenido tan rocambolesco, tan sorprendente, que requiere una explicación, y espero que esa explicación se dé en las próximas horas", dijo antes de la comparecencia de García Egea.

El ministro de la Presidencia del Gobierno de España, el socialista Félix Bolaños, ha acusado a Pablo Casado de "tapar" la corrupción: "Al PP estar en la oposición le tendría que haber servido para regenerarse. Pero sigue con las mismas prácticas de siempre: espionaje, comisiones ilegales y tapar la corrupción. ¿Si esta corrupción era sabida por Génova por qué no la denunció?", se ha preguntado, al igual que Errejón.

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