Revuelo en España después de que un polémico excomisario vinculase a los servicios de Inteligencia con los atentados yihadistas de Barcelona

En un juicio en la Audiencia Nacional de España, el polémico excomisario José Manuel Villarejo ha responsabilizado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de los atentados yihadistas que tuvieron lugar en agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Cataluña), que dejaron el saldo de 16 fallecidos y un centenar de heridos, además de ocho terroristas muertos.

"A pesar de estar jubilado yo he seguido trabajando con el CNI hasta el día que me detuvieron. Estuve grabando con ellos para intentar arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll que al final fue un error grave del señor Sanz Roldán [exdirector del CNI] por calcular mal las cosas para darle un pequeño susto a Cataluña", respondió el martes Villarejo al fiscal anticorrupción sin aportar más pruebas que su palabra.

El excomisario dejó caer estas palabras, sin ahondar en el tema, en el segundo día que declara ante el tribunal, que le juzga por los presuntos servicios de espionaje que prestó a empresas y particulares, una de las muchas causas que tiene abierta ante la Justicia.

Con estas declaraciones, Villarejo ha lanzado un nuevo dardo contra el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, con quien mantiene una reconocida enemistad. El excomisario considera que quien dirigió los servicios de Inteligencia en España entre 2009 y 2019 es el responsable de que actualmente esté sentado en el banquillo, enfrentándose a una petición de más de 100 años de prisión. 

Si el lunes Villarejo había declarado que el CNI quería "monitorizar su vida" y grabar sus encuentros con diferentes personalidades, el martes respondía con esta acusación sobre los atentados de Cataluña a la pregunta del fiscal sobre los motivos.

Aunque no añadió más información sobre los atentados realizados en Barcelona y Cambrils, sí acusó a los servicios secretos de la fabricación de pruebas en su contra, entre las que incluyó todas las mostradas por el fiscal.

"Comando ficticio" y "apariencia de riesgo"

Sin embargo, este miércoles, en unas declaraciones de más de siete minutos ante los medios de comunicación, el excomisario ha querido matizar sus palabras con un discurso en el que ha mezclado multitud de temas y en el que se ha quejado de que no se le da acceso a sus archivos porque "los han declarado prácticamente secretos", según sus palabras.

En relación con el "susto a Cataluña", ha afirmado que "muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y que probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia de riesgo para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección del Estado".

A este respecto, ha añadido que "se les fue de las manos cuando el imán muere y los jovencitos no saben cómo reaccionar".

Además, se ha preguntado por qué el imán de Ripoll fue detenido a principios del 2000; y por qué en 2005 el entonces juez Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, le pinchó el teléfono por su relación con los atentados del 11M de 2004 en Madrid. Asimismo, ha contado que entonces el CNI anuló su orden de expulsión del país y establecieron contacto con él.

Los atentados

El imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, fue identificado como el agente radicalizador de los jóvenes terroristas y como el cabecilla de la célula. Falleció en una explosión en un chalet el 16 de agosto de 2017, donde el grupo estaba fabricando explosivos con los que atentar en Barcelona. Al parecer, este incidente precipitó los hechos y un día después se produjo el atropello masivo en Las Ramblas de la capital catalana.

Se especula sobre que Abdelbaki Es Satty tuvo relación con el CNI, según publicaron varios medios, desde que estuvo preso por delitos relacionados con las drogas en Castellón, al este del país, entre 2010 y 2014, hasta su muerte. El CNI siempre ha negado que el imán fuese uno de sus confidentes.

Ocho terroristas resultaron muertos en la explosión anterior a los atentados y como consecuencia de su huida de las fuerzas de seguridad. Tres hombres fueron juzgados y condenados por este crimen: Mohamed Houli y Driss Oikabir, que fueron los dos únicos responsables del atentado supervivientes, sentenciados a 53 y 46 años de cárcel; y Ben Iazza, condenado como colaborador a ocho años de prisión, pero que salió de la cárcel el pasado septiembre, tras cumplir cuatro años de condena, al no haber sido confirmada aún su sentencia.

Tsunami en Cataluña

Las nuevas declaraciones de Villarejo han levantado un tsunami en la política catalana.

El presidente de Cataluña, Pere Aragonés, del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha pedido explicaciones a través de las redes sociales: "El 17-A fue una barbarie que nos ha marcado para siempre. Y si las palabras de Villarejo son ciertas, son necesarias explicaciones ya. Conocemos bien cómo funcionan las cloacas del Estado, por eso exigimos que se investigue para esclarecer la verdad", escribió este martes en Twitter.

Además, el mandatario ha pedido a los servicios jurídicos de la Generalitat que estudien las declaraciones del excomisario ante el juez y las acciones legales pertinentes que se pueden emprender.

Por su parte, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás, de Junts per Catalunya (JuntsxCat), ha anunciado que ha encargado a los servicios jurídicos del Parlamento que preparen una denuncia a la Fiscalía para que se investiguen los hechos que se desprenden de las declaraciones de Villarejo en sede judicial.

Los dos partidos miembros del Gobierno regional, ERC y JuntsxCat, han realizado peticiones para la creación de una comisión de investigación sobre los atentados en el Congreso de los Diputados de España. Los primeros piden, además, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.

Villarejo: el corazón de las cloacas

José Manuel Villarejo se sienta en el banquillo de los acusados por las prácticas llevadas a cabo durante una época de su carrera, al margen del cuerpo de Policía, en las que realizaba labores de espionaje o intentaba conseguir pruebas comprometedoras de la competencia de sus clientes, presuntamente a través de métodos ilegales. Se enfrenta a una petición de 109 años de cárcel.

El excomisario está siendo juzgado por varias de la treintena de piezas judiciales en las que se ha dividido el caso Tándem, que le llevó a prisión en 2017, por sus contratos presuntamente delictivos cuando aún estaba en activo en la Policía. Entre sus clientes se encontraban los empresarios más famosos del país y las empresas más importantes, como Repsol, Iberdrola o Planeta.

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Además, su nombre se encuentra vinculado a varias decenas más de causas judiciales que involucran a políticos, a miembros de la Casa Real española, empresarios, periodistas, personal del CNI y otras muchas personalidades. Famoso por grabar sus encuentros y difundirlos posteriormente a su conveniencia para zafarse de sus causas con la Justicia, ha afirmado que ha trabajado para la Casa Real intermediando con la examante del rey emérito Juan Carlos I.

Asimismo, se le considera como uno de los vórtices de lo que se conoce como policía patriótica, una trama policial que actuó a espaldas de la ley para tapar casos de corrupción del Partido Popular (PP) durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

A pesar de las pruebas que acreditan su relación con altas personalidades de todo tipo, sus declaraciones siempre son puestas en tela de juicio, pues no se sabe cuándo obedecen a la realidad o cuándo estas son tergiversadas para favorecerle en los tribunales.