El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, queda en libertad y sin medidas cautelares: ¿y ahora qué? ¿qué pasará con la extradición?

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares, según ha informado parte de su equipo jurídico. 

El político catalán fue detenido este jueves en el aeropuerto de la isla italiana de Cerdeña, en virtud de una orden europea de busca y captura emitida por el Tribunal Supremo de España. Tras haber pasado la noche en la cárcel de Sassari, el magistrado del Tribunal de Apelaciones de esa localidad ha decidido dejarlo en libertad con la única condición de que deberá comparecer de nuevo en el juzgado el próximo 4 de octubre, cuando se celebrará la vista para valorar la demanda para su entrega a España.

De este modo, Puigdemont recupera su libertad de movimientos y podrá regresar a su domicilio en Bélgica. Previamente, se especulaba con que tuviera prohibida su salida de la isla hasta que el órgano judicial no se pronunciara sobre la validad de la euroorden y su extradición a España.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

Ahora, el siguiente paso depende de la Justicia italiana. Este mismo viernes ha sido puesto a disposición de los jueces de la Corte de Apelación de Sassari, el tribunal competente en esta cuestión.

El magistrado italiano deberá decidir en primer lugar si la orden de detención cumplía con la legislación vigente y, si es así, abrir un proceso. A continuación de deberá decidir si se concede la extradición solicitada por España o se deja a Puigdemont en libertad.

Esta segunda opción ya se ha producido con anterioridad. En julio de 2018 el expresidente catalán fue detenido en Alemania y la Justicia del país germano solo aceptó extraditarle para ser juzgado por el delito de malversación, pero no por el de sedición o rebelión. Fue entonces la Justicia española la que no aceptó la extradición en tales términos, con lo que Puigdemont fue puesto en libertad.

Un año después, el Supremo español reactivó la orden contra el político catalán, y en esta ocasión fueron los tribunales belgas los que no atendieron la petición española.

Si finalmente se materializa la extradición, Puigdemont sería juzgado por el Tribunal Supremo, puesto que al ser europarlamentario sigue estando aforado, acusado de los delitos por los que se conceda la entrega a España, presumiblemente sedición.

¿Hay más posibilidades en Italia?

El mayor obstáculo que ha encontrado el Tribunal Supremo para lograr hacer efectivas las órdenes europeas de busca y captura y la posterior extradición son las diferencias entre los códigos penales de los distintos Estados miembros de la Unión Europea.

En la mayoría de países los delitos de rebelión y sedición, por los que se persigue a Puigdemont y a otros políticos catalanes huidos, no están tipificados en la misma forma que en el ordenamiento jurídico español y, entre otras características, los hechos enjuiciados requieren de violencia para ser calificados así.

En el caso de Italia quizá el tipo penal más similar a la sedición española sería el delito de 'violenza o minaza a un pubblico ufficiale' (violencia o amenazas a un funcionario público), con el que se castiga la violencia o resistencia a un funcionario llevadas a cabo por una multitud de personas reunidas. Está penado con entre seis meses y cinco años de cárcel si no se utilizan armas. Las autoridades judiciales italianas ahora tendrán que valorar si los hechos de los que se acusa a Puigdemont encajan en este u otro tipo delictivo de su código penal nacional.

¿Qué dice la defensa?

Según Gonzalo Boye, la euroorden de detención según establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se encuentra suspendida por imperativo legal.

El abogado hace referencia a la resolución emitida el pasado 30 de julio por el Tribunal General de la Unión Europea, en la que se aludía a la orden de detención europea dirigida contra Lluís Puig i Gordi, objeto del mismo proceso penal, que había motivado la presentación de una cuestión prejudicial a la Corte. "Dado que el proceso penal en cuestión fue suspendido por esta solicitud, también se suspendió la ejecución de las órdenes de detención europeas, como indicó España", se indica en el texto.

Además, la resolución sostiene que "la Vicepresidenta del Tribunal General considera que, mientras el Tribunal no se haya pronunciado en la decisión prejudicial Puig Gordi y otros, no hay motivo para considerar que las autoridades judiciales belgas o las autoridades de otro Estado miembro podrían ejecutar las órdenes de detención europeas emitidas contra los diputados al Parlamento Europeo y entregarles a las autoridades españolas".

Horas antes de la puesta en libertad del político catalán a primera hora de esta tarde, Boye, que lidera el equipo jurídico del expresidente, opinaba en declaraciones a la Cadena Ser que Puigdemont sería liberado en los próximos días porque la orden de detención no es "ejecutable" y afirmaba que de momento solo había intervenido la Policía, pero en cuanto interviniesen las autoridades judiciales italianas se produciría la liberación de su defendido.

Así, el letrado ha recordado que el TGUE fue informado por España de que la orden no era ejecutable y por tanto levantaron las medidas cautelares, y que el propio tribunal europeo indicó que si se producía una situación "de riesgo" deberían volver a pedir las medidas cautelares de protección a Puigdemont.

En este sentido, los abogados de Puigdemont ya han anunciado que presentarán en nombre del político una nueva demanda de medidas cautelarísimas ante el Tribunal General de la Unión Europea "lo antes posible" solicitando que se le devuelva su inmunidad parlamentaria.

¿Qué dice el Tribunal Supremo de España?

Por su parte, el Tribunal Supremo de España alega que la orden europea de búsqueda y captura sí está vigente actualmete.

De hecho, Pablo Llarena, el juez instructor de esta causa ya ha enviado un escrito en el que sostiene que "la euroorden está activa, no se ha modificado". En el oficio confirma que Puigdemont sigue en rebeldía y alega que la consulta no modificó la orden de captura.

¿Sin inmunidad?

Tras presentarse a las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2019, Puigdemont consiguió un escaño y obtuvo la inmunidad parlamentaria, aunque el pasado mes de julio la Justicia europea se la retiró, alegando que no había riesgo de detención.

El político abandonó España con el fin de eludir la acción de la Justicia española el 29 de octubre de 2017, después de la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal en Cataluña y de que el Gobierno de España interviniera la autonomía de Cataluña y le destituyera como presidente de la Generalitat.

Fue acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y desde entonces ha estado prófugo de la Justicia española, que ha emitido tres euroórdenes en su contra, la última de ellas es la que ha motivado su detención este jueves.

Sin embargo, la inmunidad puede no ser la clave de este caso, sino si la autoridad judicial de ejecución (en este caso la italiana, como antes lo fue la alemana o la belga) está facultada para denegar la entrega de la persona buscada mediante una orden de detención europea basándose en los motivos de denegación previstos en su Derecho nacional, pero que no están contemplados, como tales, en el marco de decisión sobre la orden de detención europea. Es en este contexto en el que cobra importancia la legislación interna de cada país.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias para España?

La noticia de la detención de Carles Puigdemont puede revolucionar el panorama político en España. El tiempo transcurrido y el año y medio de pandemia por medio han hecho que el proceso soberanista catalán se desinfle. Además, los indultos a los presos indenpendentistas terminaron por apagar la llama, a pesar de que en el seno de parte de la sociedad catalana sigue vivo el deseo de luchar por la soberanía.

Además, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la fuerza independentista a la que pertenece el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se ha moderado durante los últimos tiempos, mientras que el partido soberanista más extremo, Junts per Catalunya (JuntsxCat), ha caído hasta ser la segunda fuerza en la región, no ostenta la alcaldía de Barcelona y es irrelevante a nivel nacional.

Puigdemont mantuvo su protagonismo al menos un año y medio después de la celebración del referéndum y su estancia en el exterior, sin embargo, hace tiempo que dejó de acaparar los focos y este arresto le ha devuelto de nuevo al núcleo de la actualidad.

• Diálogo

La Mesa de Diálogo sobre Cataluña establecida entre el Gobierno de España y el de la Comunidad Autónoma acaba de celebrar su segundo encuentro después del primero que tuvo lugar hace año y medio. Parece que las relaciones comienzan a restablecerse y a volver a la normalidad entre ambas administraciones.

Todo ello con el rechazo de Junts, el partido al que pertenece Puigdemont y socio de ERC en el Gobierno regional, que no ve con buenos ojos el acercamiento al Ejecutivo español. Ahora está por ver cómo repercutirá en este marco de diálogo la detención del expresidente y su posible futura extradición.

• Presupuestos

También en estas fechas está pendiente la negociación de los Presupuestos Generales para 2022 en el Parlamento español y el Gabinete de Pedro Sánchez espera contar con el apoyo de ERC, como en el anterior ejercicio, para sacar adelante las cuentas públicas.

La irrupción de nuevo del proceso judicial en torno al expresidente catalán podría dificultar este apoyo y suponer un punto de inflexión en la legislatura del presidente socialista, Pedro Sánchez.

Las primeras reacciones

El presidente español, Pedro Sánchez, ha reaccionado a la detención subrayando que su Gobierno siempre ha mostrado "respeto a todos los procedimientos judiciales" y también "a las decisiones judiciales que se puedan tomar". En segundo lugar, ha afirmado que Carles Puigdemont "tiene que comparecer y presentarse ante la Justicia". "Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, la única vía para poder reencontrarse", ha dicho el mandatario, que ha reiterado que "el diálogo es hoy si cabe más necesario".

Por su parte, el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha exigido la retirada de las órdenes de detención contra Puigdemont. "Basta de persecución política. Basta de represión", ha dicho este viernes en una declaración institucional.

La ministra de Justicia de España y magistrada, Margarita Robles, ha afirmado este viernes en la televisión pública que "si hay una euroorden y ha habido una detención, no podemos hablar de ilegalidad" y que las decisiones "corresponden única y exclusivamente a los tribunales". "Todos los ciudadanos tienen que responder de sus actos ante los tribunales de justicia", ha dicho Robles, que sostiene que "eso es aplicable para el señor Puigdemont y para cualquiera".

Robles respondía a las palabras del presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, que ha afirmado que la detención de Puigdemont es "incomprensible", porque "se basa en una orden de detención judicial suspendida por el TJUE", por lo que afirma que se trata de "detención ilegal", según ha publicado en su cuenta de Twitter.

Cuatro años de batalla jurídica

Salen de la cárcel los líderes independentistas catalanes indultados por el Gobierno de España

Desde que el 1 de octubre de 2017 se llevara a cabo el referéndum por la autodeterminación de Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia han transcurrido cuatro años de batalla jurídica. Tras la marcha al extranjero de Puigdemont y de algunos miembros de su Gobierno, una jueza de la Audiencia Nacional decretó prisión incondicional para los máximos responsables de la organización del plebiscito y decretó la primera euroorden contra Puigdemont y el resto de políticos huidos.

En marzo de 2018 otro magistrado, en este caso del Tribunal Supremo, ordenó reactivar la euroorden, lo que dio pie dos días más tarde a la detención del expresidente catalán en Alemania.

Sin embargo, el punto de inflexión llegaría el 14 de octubre de 2019, cuando el Supremo hace pública la sentencia que condena a penas de hasta 13 años de cárcel para siete consejeros y dos líderes sociales condenados por sedición. Es al día siguiente cuando se reactiva por tercera vez la euroorden contra Puigdemont.

Durante este 2021 la lucha del político catalán se ha centrado en mantener la inmunidad parlamentaria, que le fue retirada en marzo por el Parlamento Europeo y devuelta en junio por el TGUE, para ser finalmente retirada de nuevo por este tribunal apenas un mes y medio después.

Nuria López

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