Chile y su nueva Constitución: los retos de los 155 convencionales que refundarán las instituciones después del estallido social

Los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución de Chile comenzarán a sesionar el próximo domingo en medio de una fuerte expectativa, ya que harán historia al redefinir por completo el funcionamiento institucional del país como resultado de la grave crisis política y social que estalló en 2019.

La fecha tiene una carga simbólica, ya que ese día se cumplen 210 años de la instalación del primer Congreso Nacional. Esta Constitución, además, sustituirá a la que rige actualmente y que fue proclamada en 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

El proceso cuenta con múltiples condimentos inéditos, ya que será la primera Carta Magna del mundo escrita por una Convención que tendrá una integración paritaria de varones y de mujeres. Por eso, desde ahora se anticipa que se le impondrá un sello feminista.

La diversidad también está presente, ya que ocho de los 155 convencionales representan a la comunidad LGTBIQ, en tanto que los pueblos originarios, que por primera vez serán reconocidos a nivel constitucional, cuentan con 17 escaños.

Por otra parte, este órgano romperá el estereotipo que arrastraba Chile de ser considerado uno de los países más conservadores de la región, ya que la Constitución será redactada en su mayoría por políticos y activistas feministas, comunistas y de fuerzas de izquierda o centro izquierda.

Así lo decidieron los votantes el 15 y 16 de mayo, cuando eligieron a los convencionales. El resultado fue un fracaso para la derecha, que apenas si alcanzó 37 puestos, frente a los 53 que lograron los partidos de izquierda y los 48 que sumaron los candidatos independientes que, en su inmensa mayoría, son militantes de fuerzas progresistas y participaron en las ya míticas protestas sociales de 2019 contra el presidente Sebastián Piñera. La lista la completan los 17 convencionales que representan a los pueblos indígenas.

Agenda

Los 155 convencionales asumirán sus cargos en una ceremonia que se realizará el domingo por la mañana en la sede del Congreso, aunque está previsto que sus trabajos los realicen en el Palacio Pereira, un edificio histórico ubicado en Santiago que ya se acondicionó para este proceso.

La primera decisión que deben tomar es la elección de la presidencia y la vicepresidencia del órgano, así como de las dos personas que integrarán la Secretaría Técnica.

Hasta ahora, desde los sectores de la izquierda, la candidata más firme a presidir la Convención Constituyente es Elisa Loncon, una reconocida mapuche, académica, lingüista y defensora de los pueblos indígenas. La derecha todavía no ha propuesto a nadie públicamente, aunque carece de los votos para imponer a cualquiera de sus candidatos.

Junto con estas designaciones, también tendrán que diseñar el reglamento para su funcionamiento, lo que incluye la división de comisiones y quiénes las encabezarán.

Los convencionales, que recibirán un salario mensual promedio de 2,5 millones de pesos chilenos (unos 3.500 dólares), tienen un plazo de nueve meses para terminar la nueva Constitución, que solo podrá prorrogarse por otros tres. Es decir que la Carta Magna tendrá que estar redactada a más tardar a principios de julio de 2022.

Después, será entregada al presidente, quien ya no será Piñera, sino su sucesor, que será elegido en las próximas elecciones generales del 21 de noviembre y que asumirá en el cargo el 11 de marzo del próximo año.

Con la propuesta constitucional en la mano, el nuevo presidente llamará a un plebiscito que se realizará en un plazo de 60 días posteriores a su convocatoria y en el que el voto será obligatorio.

En caso de que la mayoría de la ciudadanía avale la iniciativa de los convencionales, el presidente convocará al Congreso para que promulgue y jure la nueva Constitución, la cual entrará en vigencia 10 días después de ser publicada en el Diario Oficial. De acuerdo con estas previsiones, Chile podría tener una nueva Carta Magna en el último trimestre de 2022.

Por el contrario, si la propuesta de los convencionales es rechazada por mayoría de votos en el plebiscito, seguirá rigiendo la Constitución de 1980.

Temas

Una vez que comiencen a deliberar, cada uno de los artículos de la nueva Constitución deberá ser aprobado por lo menos con dos tercios de los votos, o sea, por 102 convencionales, lo que de entrada obliga a la búsqueda de consensos.

En el diseño de las comisiones quedarán claras las prioridades temáticas de los convencionales, aunque en términos generales ya se anticipa una transformación integral en el funcionamiento del Estado chileno.

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Varios de los convencionales ya advirtieron que su objetivo es que la Constitución tenga una marcada impronta de derechos sociales que apuesten a la igualdad, que hasta ahora ha sido una de las grandes carencias en el país sudamericano. Por eso habrá discusiones para garantizar la gratuidad de la salud y la educación, derechos en los que las políticas neoliberales favorecieron la privatización.

También se discutirá la redefinición de Chile como un Estado plurinacional, ya que a pesar de que el 13 % de su población pertenece a algún pueblo indígena, jamás han sido reconocidos. Este será uno de los cambios fundamentales, ya que se espera una reparación histórica que reconozca su derecho a ocupar sus territorios, proteger sus recursos naturales y practicar sus idiomas y culturas.

Por otra parte, hay cuestionamientos al sistema presidencialista que le otorga un poder centralizado al jefe de Estado, por lo que ya se ha planteado la posibilidad de crear la figura de primer ministro.

Con respecto al Poder Legislativo, una de las posibilidades es que el Congreso, que actualmente consta de dos cámaras (diputados y senadores), se convierta en un parlamento unicameral. Sobre el Poder Judicial, la mayoría de los convencionales apuesta por una transformación integral.

Pero las posturas, las propuestas y las definiciones concretas que cambiarán por completo la vida de la sociedad chilena recién se conocerán en cuanto los convencionales asuman sus puestos y comiencen a deliberar como parte de un proceso que América Latina seguirá con atención.

Cecilia González

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