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Asesinan a tiros a una periodista mexicana en Veracruz, la segunda víctima de la prensa en lo que va de año

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La muerte de la comunicadora, quien ya había denunciado amenazas de funcionarios, desató protestas de sus colegas en medio de pandemia. México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina.
Asesinan a tiros a una periodista mexicana en Veracruz, la segunda víctima de la prensa en lo que va de año

La periodista María Elena Ferral, de 50 años, fue asesinada por un sicario que le disparó ocho balazos cuando salía de una notaría en la ciudad de Papantla, Veracruz, un estado ubicado a 400 kilómetros de la ciudad de México.

Aunque la corresponsal del Diario de Xalapa sobrevivió al ataque, quedó mortalmente herida y horas después falleció en el hospital al que fue ingresada de emergencia, y en medio de la conmoción de sus colegas.

Ferral es la segunda víctima mortal de este año en el gremio, ya que el pasado 8 de enero el cuerpo del periodista Fidel Ávila Gómez, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado 29 de noviembre, fue encontrado asesinado también a los tiros al interior de su vehículo en el estado de Michoacán.

Organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en materia de libertad de expresión condenaron el asesinato de la periodista, en medio del clima de desconfianza que existe en México contra las autoridades, ya que el grado de impunidad de los crímenes contra comunicadores supera el 90 %.

Además, con esta muerte, Veracruz se consolida como el estado con mayor número de homicidios contra trabajadores de prensa, ya que con Ferral suman 24 los periodistas asesinados tan solo en esta entidad desde el año 2000. A nivel nacional, la cifra aumenta a más de 150 en el mismo período.

Los colegas de Ferral manifestaron este martes frente a sedes gubernamentales en distintas ciudades veracruzanas, en vista de que en México todavía no rige la cuarentena obligatoria.

La Red Veracruzana de Periodistas, por su parte, repudió el asesinato en un comunicado y advirtió que esta situación exhibe, una vez más, el estado de vulnerabilidad en el que trabajan la mayoría de los reporteros.

"Las condiciones de inseguridad galopante nos afectan a todos; la precariedad laboral se evidencia en la falta de seguridad social y servicios médicos y la impunidad de quienes han agredido a los comunicadores, incluso hasta la muerte", denunció la organización.

Por ello, la Red exigió que se abra una línea de investigación relacionada con la actividad de Ferral como periodista, que tome en cuenta las amenazas y antecedentes que ella denunció previamente, además de que se aplique el Mecanismo de Protección Federal sobre su familia.

"No nos cansaremos de exigir un alto a los ataques contra los periodistas, pues al dañarnos, lastiman el derecho a informar y ser informado, asuntos fundamentales para cualquier democracia que se precie de serla", afirmó.

En redes sociales también hubo activismo para demandar justicia en torno al crimen contra la periodista veracruzana, ya que se realizaron campañas que incluyeron fotografías de la víctima y reclamos a las autoridades.

Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de los Periodistas, Artículo 19 y la Unesco, entre otras organizaciones, han calificado a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, ya que a nivel mundial sólo es superado por Siria, que enfrenta un conflicto bélico.

Las agresiones a periodistas en México se elevaron a partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y los trabajadores de prensa quedaron acosados entre los cárteles, los miembros de las fuerzas de Seguridad y los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial vinculados con el crimen organizado.

Tan solo entre enero y febrero de este año, la organización mexicana Periodistas de a Pie documentó 59 agresiones a trabajadores de prensa en todo el país, que incluyen intimidación, agresión física, amenaza, agresiones verbales, detenciones arbitrarias, descrédito, bloqueos informativos, censura, denuncia penal, violencia institucional y laboral, robo de equipo de trabajo, intimidación, ataques cibernéticos, campaña de desprestigio y hostigamiento.

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