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El largo historial de abusos sexuales de los cascos azules, mucho más que cifras

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Una investigación de AP muestra que la mayoría de los crímenes sexuales cometidos por efectivos de las Fuerzas de Paz de la ONU no llevaron a los responsables a la cárcel.
El largo historial de abusos sexuales de los cascos azules, mucho más que cifras

Integrantes de las Fuerzas de Paz de la ONU están acusados de haber cometido casi 2.000 abusos sexuales en los últimos doce años, incluidos más de 300 casos que implicaron a menores de edad, pero solo una pequeña proporción de los abusadores acabaron entre rejas, según una investigación de AP.

Los datos conseguidos por la agencia se basan en informes internos de la ONU y entrevistas con las víctimas de los abusos, así como investigadores y funcionarios de la ONU.

La agencia cita el ejemplo de Haití, donde nueve adolescentes de ambos sexos fueron explotados sexualmente de manera sistemática por al menos 134 cascos azules de Sri Lanka entre 2004 y 2007.

Los delitos incluían tanto sexo a cambio de comida y dinero como violaciones, en ocasiones en grupo.

De acuerdo con un informe interno de la ONU, 114 de los efectivos fueron enviados de vuelta a su país como resultado de una investigación, pero ninguno fue encarcelado.

Los abusadores eran oriundos de Bangladés, Brasil, Jordania, Pakistán, Nigeria, Uruguay y Sri Lanka, según datos de la ONU.

Falta de transparencia 

La jurisdicción de la ONU no se extiende a los cascos azules, ya que la facultad de imputarlos y juzgarlos pertenece a los países que contribuyen con personal a las fuerzas de la ONU.

AP solicitó repetidamente información a 23 países sobre el número de soldados de su nacionalidad que afrontan acusaciones y sobre las diligencias tomadas para investigarlas, pero pocos Gobiernos respondieron y los nombres de los culpables se mantienen en secreto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó el pasado marzo a tomar nuevas medidas para combatir los delitos sexuales de los cascos azules. No obstante, la ausencia de consenso sobre una amplia reforma y la falta de transparencia por parte de los Estados miembros hace que sea poco probable encontrar una solución al problema, señala la agencia.

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